Central Castilla

Es sospechosa la insistencia en “la judicialización”, ese fantasma que acecha a los proyectos, el favorito de los “terroristas eléctricos”.

El Sr. Batista, brasileño, principal dueño de Castilla, declaró que no se pueden hacer negocios en Chile. Es una consecuencia del fallo unánime de la Corte Suprema contrario a su empresa. Lo dice quien viene del paraíso de la corrupción y el mismo día que se informa que la inversión extranjera fue en el primer semestre de este año, un 80% más alto que el 2011, alcanzando una tasa sobre el PIB casi tres veces superior a la brasileña. Los inversionistas extranjeros aprecian que en Chile funcionen la ley y los tribunales.

Los jueces de la Corte Suprema no tienen la culpa que Castilla haya sido poco prolija en su proyecto respecto a las normas ambientales. Lo mismo sucedió con Río Cuervo. Por algo el gerente de HidroAysén declaró después del fallo de Castilla, que hay “que estar seguro de que uno no va a cometer errores” en los proyectos eléctricos. A confesión de parte…
Castilla desató nuevamente la campaña del terror eléctrico. Reaparecen los mismos catastrofistas que ya resultan tediosos.

¿Hasta cuando repiten la misma letanía? ¿No oyen del “shale gas” y que ENAP el próximo año importará gas líquido a la mitad del precio actual? ¿Y de los terminales gasíferos? ¿Y de las mineras que han “tomado el toro por las astas” e instalan sus propias generadoras? ¿No conocen los proyectos de generación que se construyen actualmente y los que ya han obtenido las aprobaciones ambientales? ¿No saben que Corea del Sur ha progresado en forma impresionante sin fuentes de energía “barata”? Asumen que no habrá empresas que quieran beneficiarse del desafío eléctrico del norte, y así olvidan que la lógica de la economía de mercado ha sido muy exitosa en la actividad eléctrica chilena.

Todo parece una terrible defensa corporativa, una de esas absurdas campañas que terminarán por minar la confianza de la ciudadanía en las organizaciones empresarias. Es sospechosa la insistencia en “la judicialización”, ese fantasma que acecha a los proyectos, el favorito de los “terroristas eléctricos”. ¿Será que les molesta la “igualdad ante la ley”, que hace que los derechos de modestos pescadores sean tan importantes como los de un poderoso conglomerado brasileño-alemán?