Quedó la sensación que las urgencias y la necesidad de lograr acuerdos desviaron la discusión y el análisis de los temas fundamentales: ¿Qué nivel debe tener la educación técnica y profesional para las nuevas generaciones? ¿Cuál es la educación en humanidades necesaria para formar mejores personas y mejores ciudadanos? ¿Qué calidad de profesores se requiere para impartirlas y en qué cantidad? ¿Qué remuneraciones aseguran tanto la calidad como la cantidad de ellos? Las respuestas darían una medida del real problema que tenemos enfrente. No se necesita ser un especialista para intuir que los recursos necesarios para enfrentarlo han de ser muy superiores a todo lo que hemos conocido hasta ahora. Por eso debemos asumir que una BUENA EDUCACIÓN es el GRAN PROYECTO que tenemos por delante. Seguir la política del avestruz puede ser catastrófico y causa de grandes males y frustraciones sociales, que ya sabemos no terminan bien.
La magnitud del desafío hace necesario el compromiso radical de toda la sociedad. Por eso se echa de menos que no se convoque de manera decidida a los empresarios con su creatividad y capacidad ya probada (si de algo nos podemos enorgullecer es del progreso económico de los últimos treinta años del cual ellos han sido protagonistas). Pueden aportar significativamente a la creación de la gran estructura educativa requerida, pues son los únicos capaces de administrar y controlar los ingentes recursos que deben aplicarse de norte a sur del país. Pensar que el Estado pueda hacerlo es de una ingenuidad infantil.
En el futuro la educación necesitará muchos más recursos de los que recién se han aprobado y como tendrán que provenir de los impuestos que pagan las empresas, es conveniente desde ya pensar en algún sistema que incorpore a los empresarios como importantes actores del futuro sistema educacional. Es una fórmula viable en el corto y mediano plazo para dar el gran impulso que hace falta en nuestra educación.
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