El derrumbe de la aprobación al Gobierno de la "Nueva Mayoría" (hoy Nueva Minoría) y de la popularidad de la Presidenta Bachelet que se suman a los escándalos que afectan a parlamentarios, partidos y personeros de gobierno y de oposición, todo a una velocidad sorprendente, obligó a la Presidente Bachelet a reorganizar su Ministerio y cambiar a todos los integrantes de su equipo político.
Con una irresponsabilidad propia de "revolucionarios", el Gobierno de la Presidente Bachelet introdujo diversas reformas que sorprendieron a los ciudadanos, los que en su momento no pudieron hacer valer su oposición a ellas. La más grave es la educacional que la mayoría de la población reprueba.
En los últimos meses un sentimiento profundo de indignación se apoderó de la ciudadanía por el comportamiento inaceptable de muchos políticos importantes en la vida pública del país. Los ciudadanos han sentido una tremenda impotencia ante un mundo político que amenaza con "enterrar" los delitos de muchos de sus actores, transformar los delitos en "errores" o "imprudencias", y en hacer caso omiso de la gravedad de lo acontecido. La impotencia surge porque quienes debían expresar el sentir de la ciudadanía, los "parlamentarios", han dejado de ser en estas materias la voz de los ciudadanos.
Son numerosos los parlamentarios que recurriendo a grandes empresarios, financiaron en forma ilegal sus campañas electorales. Esos parlamentarios olvidaron que su deber es solamente con la ciudadanía. Fueron elegidos para ser sus representantes y para cuidar los derechos de ella y el bien público, no el interés de grandes empresas.
¿Qué se puede decir de los parlamentarios que en su momento aprobaron con sus votos la ley en el 2003 sobre financiamiento de las campañas políticas y que posteriormente en las suyas, recurrieron al financiamiento ilegal proveniente de las grandes empresas? Burlaron la ley que ellos mismos aprobaron.
Más vale ni imaginar la cantidad de parlamentarios que aparecerían comprometidos si se analizaran los pagos de facturas por "servicios prestados" en los cien principales grupos empresariales. Hasta ahora las investigaciones no van más allá de las empresas Penta y SQM.
Lo sucedido hace pensar en todas las formas que usan los empresarios para "regalonear" a autoridades y parlamentarios. ¿Es un hábito extendido de las relaciones públicas empresariales hacer invitaciones como las que hacía SQM y que aceptaron varias personalidades de nuestra vida pública?
Junto a sus declaraciones patrimoniales, los políticos debieran declarar todo tipo de invitaciones que hayan aceptado de empresas u otras instituciones que busquen congraciarse con ellos.
El Ministro del Interior recientemente removido de su cargo, y su camarilla, percibieron rentas provenientes de SQM en el momento en que esta empresa estaba siendo investigada por el llamado "Caso Cascada", aunque antes de sus nombramientos en el Gobierno ¿Aceptaron cuidar los intereses de SQM a cambio del pago de facturas "ideológicamente falsas" ?
¿Qué se puede decir de la Presidente de la República cuya nuera e hijo han aceptado "favores" pecuniarios cuantiosos de uno de los principales empresarios de Chile? ¿Hay alguien que pueda explicar la lógica económica de otorgar créditos por cifras sustanciales a la empresa de "papel" en la que participaban hijo y nuera de la Presidenta Bachelet? ¿Cómo puede la Presidente según parece desprenderse de sus opiniones, pesar la gravedad de este hecho por la reacción de la opinión pública y no por la gravedad del hecho en sí? ¿No se preparó para prevenir el "tráfico de influencias"?
¿Cómo se puede creer en una Presidente que no le da importancia a negocios que dejan a su hijo y nuera amarrados a los intereses de un gran grupo empresarial?
¿Cuán ingenuos han de ser los ciudadanos para no sospechar de la independencia del Poder Ejecutivo? ¿Se puede creer que no hay más "negocios" que comprometan la independencia del Poder Ejecutivo para administrar en beneficio del país y no de intereses inconfesables?
¿Cómo se puede creer que los parlamentarios que han burlado las leyes que ellos mismos aprobaron y que han traicionado la confianza de los ciudadanos haciéndose siervos de grandes empresarios, puedan constituir el "poder legislativo" del país? Los parlamentarios deben actuar por el bien del país y no en representación de grupos de presión, oligarquías empresariales o sindicales, intereses gremiales, cúpulas partidistas o cualquier tipo de interés ilegítimo.
Muchos ciudadanos piensan que en Chile "LAS INSTITUCIONES NO FUNCIONAN". Las recientes encuestas que mayoritariamente (más de dos tercios de las opiniones) descalifican al actual Gobierno, hacen evidente la molestia y malestar de la ciudadanía.
El "establishment" político cree que una nueva constitución debe ser un remedio eficaz para evitar problemas como los que se han hecho evidentes en estos días. Hay sin embargo, un natural escepticismo sobre la "fórmula constitucional". Chile lleva ya mucho tiempo con sucesivos cambios a la Constitución. Se han anunciado en cada oportunidad como un reencuentro con la dignidad y la libertad para traer el progreso en todo orden de cosas al país. ¿La realidad? Una crisis profunda del sistema político que tiene a Chile al borde del vacío.
No todo sin embargo es desgracia. En medio de los sorprendentes avatares de la vida política, apareció "una fuerza tranquila" como la llama Jorge Correa Sutil en columna que publicó El Mercurio, "una opinión pública sensata y crítica". Él la destaca como "el principal capital político del país" cuya presencia "permite tener optimismo ante esta y otras crisis". Es la existencia de esta opinión pública que hace sentir su peso, lo que le da solidez al sistema democrático chileno. Pero junto a ella hay que destacar que Gobierno y partidos políticos tuvieron la capacidad de reconocer y respetar a esta opinión pública, mucho antes que ella se manifestara como es habitual, en las próximas elecciones. Ha sido quizás la demostración más clara que el país toma en serio y con madurez su sistema democrático. Esto es digno de destacar porque reacciones parecidas no son frecuentes hoy en otros países. Valga el ejemplo de España, donde el 80% de la población repudia al actual gobierno de Rajoy que sin embargo continúa en sus funciones impertérrito, como si oyera llover.
El abandono de los aportes ilegales de las empresas, y mejor todavía, de cualquier clase de aporte que provenga de ellas que por algo no han declarado fines políticos entre los objetivos sociales sobre las cuales se han constituido, sin duda que hará la vida más difícil a los actores políticos, al obligarlos a prescindir del marketing político en las dimensiones que éste había alcanzado. El dinero fácil trajo soluciones fáciles como el lanzamiento de candidaturas en forma parecida al lanzamiento de productos al mercado, con un poco de ingenio y una buena dosis de dinero. Con el abuso del marketing político no es de extrañar el desencanto de los chilenos con la política y sus instituciones. Ellos advierten que la política ha sido desvirtuada radicalmente y que hay un divorcio entre la vida política y los ciudadanos.
Resulta paradójico que quienes en posiciones políticas han proclamado su rechazo al lucro como motor de actividades a las que contaminaría, hayan convertido al lucro en motor de su propia gestión en la vida pública del país. Si todo fuera como escribe Cristián Warnken en columna de El Mercurio del 30 de Abril, el asunto no sería crítico porque la tradición chilena llevaría nuevamente la salida del río a su cauce. La dificultad está en que el proceso social que vive Chile gracias a un desarrollo económico espectacular en los últimos treinta años que ha multiplicado el ingreso por habitante por cinco veces (de US$4000 a US$20.000), es una verdadera avalancha ante la cual la tradición es impotente. La consciencia de esta carrera social desenfrenada obliga a introducir normas estrictas y sujetas a penalidades que verdaderamente sean ejemplares. La educación cívica de quienes participaban de la vida política en Chile fue suficiente en el pasado para que ella se mantuviera dentro de un marco de decencia y honestidad. Hoy urge formar a los nuevos participantes en la vida pública del país, hacer que para ellos sea un imperativo llevar la vida política también dentro de un marco de decencia y honestidad, posiblemente el tradicional como dice Warnken en su columna. Pero ello exige hoy señales potentes y claras que deben hacerse carne en las nuevas generaciones de chilenos. Este imperativo es el que hace imposible echar tierra a los escándalos y hacer cuentas de que "aquí no ha pasado nada".
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